Extraído de la revista Proceso en línea a través de la cuenta como profesor de la Universidad de Guadalajara.
Gloria Leticia Díaz
Fecha: 13-Dic-2008 No. Publicación: 1676
A los habitantes de Ciudad Juárez ya se les torció la existencia. En su cruenta guerra por la plaza, La Línea y el cártel de Sinaloa reclutan como sicarios a menores de edad y destrozan cientos de vidas. Los reporteros de Proceso recorrieron las colonias más peligrosas para obtener el testimonio de algunos adolescentes que han aprendido a sobrevivir matando en el implacable mundo del narcotráfico.
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- A los 12 años, J. enfrentó un juicio en el Tribunal para Menores debido a que portaba un arma de uso exclusivo del Ejército; después de un año de estar encerrado o “torcido”, volvió a su colonia, de donde salió como uno de los pandilleros más temerarios. Tres años después, en una batalla callejera disparó contra un par de jóvenes iguales a él pero de otros barrios.
J. siempre lo tiene presente. Eran las cuatro de la tarde. Los chavos contra los que usó su pistola tipo escuadra calibre .380 estaban en el suelo y pedían que los perdonara, pero al verlos tirados, con el terror en sus caras, los ejecutó. Todavía, cuando llega a dormir, sueña con esas caras, sobre todo con la de uno de ellos: ese tenía 16 años, acaba de llegar a Juárez y no tenía ningún conflicto con él.
Lo detuvieron e iba a ingresar por segunda vez al Consejo Tutelar, pero fue rescatado antes por los narcos que controlan colonias de la zona Poniente de Ciudad Juárez.
“Ahora trabajas para nosotros”, le dijeron a J. Tenía que pagar su libertad. Ahora tiene 17 años y es uno de los sicarios de La Línea, uno de los cárteles que lucha por controlar el trasiego de droga por esta ciudad fronteriza.
En el barrio se le mira tranquilo. Habla de futbol y a veces de música, pero de pronto recibe llamadas en su teléfono celular. “Vente, hay un ‘evento’”, le dicen. Y J. deja lo que está haciendo, oculta su escuadra entre la ropa y espera a que pasen por él para ir al “jale”, a ejecutar a quien le indiquen, con la certeza de que, si la policía lo agarra otra vez, los jefes arreglarán su liberación para que él siga en deuda con ellos.
Muchos menores de edad que viven en los barrios pobres de Ciudad Juárez tienen historias similares y en los últimos tres años han sido reclutados por las bandas del narcotráfico, que necesitan un ejército para librar la guerra interminable en las calles. Según un reporte de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, este año, del 1 de enero al 6 de diciembre la violencia ligada al narco ha cobrado mil 443 vidas en esta ciudad, casi el 30% de las poco más de 5 mil ejecuciones en todo el país.
“Son la carne de cañón del crimen organizado”, señala al respecto Teresa Almada Mijares, directora del Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, que ha seguido con detalle cómo aumenta la participación de los jóvenes en delitos graves y, en consecuencia, cómo al menos en el último año y medio engrosan las cifras de fallecidos.
De las mil 443 víctimas registradas por la procuraduría estatal, 742 tenían 30 años o menos; 18 de ellos eran menores de 15 años, 174 tenían de 15 a 20, y 279 estaban en el rango de 21 a 25 años.
La dependencia detalla en su reporte que, en 119 de estas 742 muertes el móvil fue el narcomenudeo, y 273 se atribuyeron a otras modalidades de la delincuencia organizada.
Dice Almada Mireles: “Se ha ido creando una condición muy favorable para que muchos jóvenes pobres en Ciudad Juárez sean vinculados a la delincuencia organizada. Es una población que a nadie le importa: provienen de familias en condiciones precarias, hijos de migrantes unos, y otros de madres solteras; (están) abandonados por el trabajo en la maquila, sin educación y sin alternativas.
“Las vidas de muchos de estos jóvenes transcurren entre la informalidad y la ilegalidad. Son un poco estudiantes, un poco delincuentes. Algunos alternan actividades, la hacen de polleros, de puchadores (distribuidores de droga) y ahora de sicarios. A eso hay que sumar que hay un consumo muy extendido de drogas y una debilidad en las instituciones políticas y sociales muy acusada”.
Ofrece datos preocupantes: en la zona poniente de Ciudad Juárez, donde se concentra el 42% de la población, sólo existen dos preparatorias. El 30% de la población de entre 12 y 15 años no estudia ni trabaja. En toda la ciudad, sólo tres de cada 10 adolescentes estudian, en tanto que existen por lo menos 380 pandillas, que ante el abandono se convierten en el único vehículo de socialización de los jóvenes: son su familia.
–¿Cómo se han ido integrando los chavos a la delincuencia organizada? –se le pregunta a V., de 16 años.
–En el barrio (la banda) uno anda en la calle sin hacer nada, porque en la escuela no nos quieren, que porque somos cholos, y ahí se van acercando esos batos, los que venden droga y controlan el punto (de distribución).
“En mi colonia dan 200 pesos por seis u ocho horas, te dan la droga, piedra casi siempre, y a otro le dan un arma. Hay siempre otros dos, que les dicen postes, que son los que vigilan; ellos traen arma y también les dan 200 pesos. Si la cosa se pone fea, que vengan de otro barrio a echar bronca, llegan los sicarios a tirar bala. En mi colonia les dan mil pesos por semana, pero eso es porque ahí todo está seguro”.
Y es que en las principales avenidas y en el centro de la ciudad, donde la venta está más a la vista, los sicarios reciben de 3 mil a 5 mil pesos por semana, pues no sólo defienden el punto de venta, sino que también se encargan de la distribución.
Otros, más especializados, cobran 20 mil pesos por ejecutar a personajes “pesados”, sean policías o adversarios del patrón. En todo caso, las sumas que se manejan nada tienen que ver con el salario de la maquila: 600 pesos por semana.
“Todo está arreglado”
Con sus calles sin pavimento ni iluminación, casas de materiales precarios e incluso improvisadas con desechos industriales, las colonias del poniente de Ciudad Juárez son el campo de batalla de las bandas controladas por los cárteles que se disputan la plaza: La Línea y el cártel de Sinaloa.
Por eso los juarenses viven en permanente zozobra. No hay día ni noche sin balacera. Casi no hay niños en las calles. Los parques, construidos por las comunidades ante el abandono gubernamental, ya son puntos de distribución de drogas.
Por miedo, la gente no denuncia ni siquiera las lesiones que han sufrido en el fuego cruzado. Se siente la amenaza. De hecho, durante el recorrido de la reportera insistieron en que no se les identificara porque los capos pueden aplicar represalias.
En el centro de la ciudad y en colonias como La Cima, la distribución de enervantes se lleva a cabo abiertamente, aunque los soldados patrullan continuamente. Los jóvenes vendedores ofrecen sus productos en las banquetas y esquinas de calles poco iluminadas: piedra, heroína, inhalantes y cocaína. La mariguana sólo a veces, porque en estas fechas escasea, según los vendedores “porque toda se entrega directo a Estados Unidos”.
La piedra es la droga que más consumen los juarenses en colonias populares. Por una dosis pagan 60 pesos.
Ningún movimiento se les escapa a los cárteles. Jóvenes de entre 18 y 20 años patrullaban en carros sin placas y vigilaban los pasos de los reporteros, de día y de noche, cuando se acercaban a un punto de venta.
“Son los que traen la merca, pero también traen armas”, comenta un joven de estas colonias. Cuando esos vehículos llegaban a los puntos, creaban tensión entre los vendedores y sus clientes potenciales, pues, según dijeron varios de ellos, no podían prever lo que harían al ver periodistas.
La Cima, donde la venta de enervantes las 24 horas ya es casi tradición, está a menos de 200 metros del Centro Deportivo Altavista, donde acampan soldados. Pero los encargados de los puntos de venta no les tienen miedo porque, dicen, “todo está arreglado”.
L. es un joven que atiende uno de estos sitios. “El narco te da pistola –asegura– y uno puede estar vendiendo sin problema. Si llega un policía puedes decirle que se vaya porque estás trabajando. Nomás le doy el nombre del patrón y aunque traiga armas no dicen nada. Pero si viene el Ejército o los federales, te van avisando por radio y escondes la merca y el fierro, y no pasa nada, nomás te revisan y ya.
“¿Drogas? No podemos consumirlas, está prohibido porque el patrón quiere que andes al tiro, alerta; si te agarra consumiendo, no te la acabas. Uno puede cuando termina el turno, pero la mayoría no le hacemos a eso.
“Algunos que le hacen a la sicariada, se meten pastillas cuando van a un ‘evento’ y se ponen bien locotes. Saben que los pueden matar, pero igual te matan en el punto. Por mil 200 pesos que dan a la semana por vender, no sabes cuándo te pueden llegar, o si te tuercen (detienen), tampoco sabes si te van a sacar”, explica.
La falta de garantías para salir vivo llevó a otro joven, identificado como M., a dejar esa actividad criminal.
Chavo de barrio, que parece violento por naturaleza por su afición a disparar con facilidad, M. fue detenido dos veces por homicidio siendo menor de edad, pero nunca pisó el Consejo para Menores porque los hombres del narco lo evitaron.
Como a muchos otros, lo llamaron para cobrarle los favores. Pero él sólo hizo tres trabajos como sicario, ya que pronto se enteró cómo trataban sus patrones a los que son buenos con el gatillo. El más pesado de los narcos le dio una orden: “Aquel salió muy bueno, ya se echó a 20. Mátalo”. Tuvo que cumplirlo. Un sicario no puede saber tanto.
Entonces M., que acaba de cumplir 18 años, se sinceró con sus patrones: “Ya pagué los paros (los favores por liberarlo), hasta aquí llegué”, les dijo. Resultó, aunque sigue perteneciendo al barrio, porta armas y es uno de los más temidos.
Sin expectativas
Ejercicios psicológicos realizados en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores (EMSM), que antes era el Consejo para Menores, demuestran que la muerte ronda siempre el pensamiento de estos jóvenes, al grado de que ni siquiera se imaginan cómo será su vida después de cinco años.
Cristina Ramos, directora de la EMSM, resume cómo ha evolucionado la situación:
“Antes los muchachos que venían por portación de arma provenían de pandillas, vivían al día y no se visualizaban más allá de cinco años. Ahora las cosas son peores. Los que están aquí vienen por delitos fuertes, vinculados a la delincuencia organizada. Hemos hecho ejercicios con ellos y lo más que llegan a visualizarse es en dos años, cinco años es mucho, porque saben que lo más seguro es que van a morir. Para ellos esa es su realidad, y aunque están aquí por otros delitos, cuando los escuchas hablar, porque alardean, te das cuenta que muchos andan en eso, en el sicariato”.
Por ejemplo A., un joven sicario, escuchó una charla en su colonia sobre el calentamiento global y los riesgos que implica para la humanidad. Y dio su opinión: “¿Para qué me preocupo, si en un año me van a matar?”
Con todo, Cristina Ramos reconoce que la población que atiende en la EMSM no expresa por completo la realidad de la calle. El 1 de julio pasado entró en vigor en Chihuahua el nuevo sistema judicial para menores, que “da muchas facilidades para que los jóvenes salgan”, porque sólo se aplican sanciones a menores de entre 14 y 17 años, aunque hay casos de adolescentes de 13 años que han cometido delitos graves, y a ellos no se les considera sujetos a proceso penal.
En la EMSM actualmente hay 71 internos, dos son mujeres. De todos ellos, 55 cumplen sanciones impuestas con el anterior sistema judicial para menores y están sujetos a revisión.
De estos internos, 27 cayeron por robo; siete por posesión de arma de fuego e igual número por delitos contra la salud y homicidio; cinco por delitos contra la salud y posesión de arma de fuego, y 6 por robo de vehículo. El 45% de los internos tienen 17 años y el 32% 16 años.
Aunque las detenciones de menores son frecuentes, no todas se traducen en procesos y mucho menos en el envío a la EMSM. De acuerdo con la procuraduría estatal, en los primeros 11 meses de este año, 62 menores fueron enviados a la Unidad Especializada para Adolescentes Infractores.
Como ejemplo del funcionamiento de la nueva legislación, de julio al 25 de octubre pasados la Unidad Especializada recibió 38 casos: 21 por la portación de arma de fuego y posesión de droga, 15 por robo con violencia, uno por homicidio y otro por lesiones. Sólo estos dos últimos fueron remitidos a la EMSM, los otros 36 están libres (El Diario, 25 de octubre).
La participación de jóvenes en el crimen organizado, y específicamente en el narcotráfico, no es nueva ni exclusiva de Ciudad Juárez. Gerardo Sauri, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia, señala:
“En estados como Michoacán, Sinaloa y Guerrero, productores de enervantes, los adolescentes y niños se dedican a la siembra como parte de las actividades de la comunidad, e incluso en el manejo de armas de fuego, pero ahora en un contexto de violencia extrema por la guerra contra el narcotráfico y la crisis económica. Los jóvenes ven que quienes ofrecen alternativas de manera inmediata son los narcos, y quienes reprimen son las policías y el Ejército, que además tienen una política criminalizante hacia los jóvenes”.
Sin embargo, sostiene Sauri, “aunque niños y niñas puedan ser involucrados como vendedores de droga o sicarios, siguen siendo víctimas de la violencia, están siendo empujados a ello porque no hay políticas públicas de contención… No se puede lanzar una política de esta magnitud de lucha contra el narcotráfico, que es fundamentalmente criminalizante, sin medir las consecuencias, porque le están pegando a toda la población”.
La organización Cauce Ciudadano trabaja con jóvenes “a los que nadie quiere atender, que por un lado llevan 20 mil pesos y por otro un arma”, dice Carlos Cruz Santiago, su director general.
“Tenemos casos de jóvenes de 14, 15 y 16 años en la zona poniente de la Ciudad de México que están siendo contratados para el sicariato, por 12 mil y hasta 16 mil pesos mensuales”, afirma.
“Hace 20 años –prosigue– los chavos se involucraban en un tema de estos por estatus, después por un asunto económico y después por reconocimiento, pero lo que hoy estamos encontrando, tristemente, es que se están involucrando por pobreza, no hay qué hacer, no hay empleo”.
Agrega que, en varios estados de la República, desde hace año y medio los adolescentes son reclutados por el crimen organizado porque “no tienen capacidad económica”.
Alerta en que la actual crisis puede presionarlos aún más, si se considera que, según el Instituto Nacional de la Juventud, 8 millones de jóvenes del país no estudian ni trabajan.
Además, dice Cruz Santiago, “ya empezamos a ver muertos de entre 15 y 20 años, el fenómeno de Colombia, con que allá batallaron por lo menos 10 años, lo tenemos ahorita y no lo podemos negar”.
Elena Azaola, autora del estudio Infancia robada, que aborda la explotación sexual infantil, y especialista en temas de adolescentes, advierte que 15% de los menores de edad del país son vulnerables ante la violencia que se ha desatado en la guerra contra el narcotráfico.
“Se olvida que los narcotraficantes son miembros de la comunidad, y cada ejecución implica una familia destrozada, porque además no se está haciendo justicia. ¿Qué va a pasar con los hijos de todas esas personas que están muriendo? Si esas muertes se estuvieran investigando, si se supiera la verdad, habría cierta manera de reparar (el daño social), pero son muertes que están quedando impunes y eso incita a cualquiera de los familiares a que el día de mañana tome venganza”.
Para atenuar tan desastrosos efectos, Azaola recomienda que las autoridades apliquen políticas enfocadas a los jóvenes como parte del combate al crimen organizado: “Lo que hace que los narcotraficantes que mueren hoy sean suplidos el día de mañana por gente cada vez más joven, es la falta de alternativas y de expectativas de vida”.
